El trabajo por cuenta propia.

Siempre recibiré con beneplácito cualquier apertura hacia la democracia, el respeto ciudadano en cualquiera de sus variantes o cualquier otra que fomente el mejoramiento de las condiciones criticas que presentan los cubanos, muchas veces obligados a vender hasta la leche de sus hijos para poder cubrir las necesidades básicas necesarias.

 

Evidentemente el trabajo por cuenta propia, al que yo prefiero llamar iniciativa privada, aunque limitado y obstruido por lo funcionarios gubernamentales es una forma de ayudar a la economía familiar, ahora es común ver a un anciano, una mujer o hasta un desocupado vender maní o cualquier otra cosa que le ayude a subsistir.

 

Al cierre del 2012 según el Ministerio de Trabajo se habían incorporado a esta forma de empleo 349346 personas, de las cuales el 62% es decir 216595 se concentraban en el occidente de la isla y las principales actividades que se desarrollaban era los Trabajadores Contratados, la Elaboración de Alimentos y los Transportitas por ese orden.

 

No obstante nada es color de rosa, en no más de una ocasión hemos denunciado las arbitrariedades y abusos que se cometen contra los incorporados a esta forma de empleo por los inspectores de la Dirección de Supervisión y la Policía Nacional Revolucionaria en sus operativos conjuntos donde se decomisa sin distinción las mercancías y medios.

 

Otro de los problemas que enfrentan los trabajadores por cuenta propia son los altos impuestos que deben pagar como contribución al fisco estatal y que supuestamente va destinado a las obras sociales que desarrolla el estado, por cierto nunca he visto ninguna, a no ser nuevas viviendas para militares y funcionarios gubernamentales.

 

Evidentemente es un camino largo y escabroso pues la burocracia y las absurdas legislaciones que rigen el desarrollo del trabajo por cuenta propia son un obstáculo a su desarrollo, peor aun a la sombra de este árbol se ha generado todo un andamiaje de corrupción e interpretaciones banales en la que participan casi todos los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de las leyes.